UDT: En Defensa del Empleo Público y la Carrera Administrativa en Bogotá – Un Llamado de Atención ante la «Modernización» Institucional.
Desde la Unión Distrital de Trabajadores (UDT), nos dirigimos a la opinión pública, a los servidores públicos del Distrito Capital y a toda la ciudadanía de Bogotá, para expresar nuestra profunda preocupación por las decisiones recientes en materia de “modernización” y rediseño institucional. Si bien la adaptación a los nuevos tiempos es necesaria, no podemos ignorar las presuntas afectaciones que estas políticas, impulsadas por la actual administración del alcalde Carlos Fernando Galán y su equipo directivo, están generando sobre la estabilidad laboral, la calidad del servicio y la protección de los datos de los ciudadanos.
Hemos observado con inquietud una creciente tendencia marcada hacia la tercerización y privatización de procesos misionales, incluso de aquellos que tradicionalmente han sido la columna vertebral de la función pública, como la atención presencial en los Super-Cades. Estos procesos, que requieren un conocimiento profundo de la normativa y la historia de la administración pública, están siendo transferidos a manos de empresas privadas. Surge la pregunta: ¿se beneficia realmente a la ciudadanía cuando terceros, ajenos a la mística y al compromiso del servicio público, asumen responsabilidades tan sensibles? Consideramos que esta situación representa un riesgo directo para la calidad del servicio que se le presta a la ciudadanía, pues el manejo de información delicada y los trámites esenciales pasan a ser gestionados por personal contratado, a menudo con capacitación limitada y una rotación constante, lo que afecta la continuidad y la experticia.
Uno de los aspectos más alarmantes de esta estrategia es el manejo de la información. Al tercerizar procesos misionales, se está entregando a privados el control sobre datos sensibles y de exclusivo interés público. Esto incluye la información privada de los ciudadanos de Bogotá y de quienes se relacionan con el Distrito. La falta de un control estricto sobre estos datos podría exponer a la ciudadanía a riesgos de seguridad y mal uso de su información personal. Abogamos por la protección de la privacidad y la confidencialidad, las cuales deben ser una prioridad innegociable en la gestión pública.
Además, esta supuesta reorganización se traduce en una reducción de las funciones de los trabajadores de carrera mientras se incurre en gastos innecesarios en altos cargos y contratos, una práctica que contradice los principios de austeridad y eficiencia. La falta de convocatorias para cubrir cientos de vacantes definitivas no solo aumenta la carga laboral del personal existente, sino que también debilita la carrera administrativa, que es el pilar de un servicio público profesional y transparente. Los estudios de cargas, en nuestra opinión, parecen estar diseñados para justificar esta tercerización, sin reflejar la realidad operativa ni las necesidades reales de personal que hemos solicitado reiteradamente en mesas de negociación.
En el marco de acuerdos sindicales logrados, se había pactado la gestión para aumentar las plantas de personal y los cargos de carrera administrativa, en respuesta a los desafíos de una ciudad que se moderniza. Esta medida era fundamental para atender los crecientes requerimientos de una ciudad como la Capital que, con más de 10 millones de habitantes en su área metropolitana, ya es considerada una megaciudad. Una ciudad de esta magnitud demanda un empleo público más numeroso, competitivo y capacitado para responder a los complejos desafíos urbanos. Las decisiones actuales, por el contrario, van en dirección opuesta, minando el potencial en la administración distrital para enfrentar estos retos.
Adicionalmente, se están afectando opciones y derechos laborales fundamentales. El teletrabajo, una modalidad que demostró su eficacia y valor durante la pandemia, se restringe cada vez más, afectando la conciliación de la vida personal y laboral de los trabajadores. Las condiciones laborales dignas son objeto de constantes cambios que afectan y generando precariedad, incertidumbre y desmotivación en la base trabajadora.
Desde la UDT, alzamos nuestra voz en una denuncia pública ante estas decisiones que, que atentan con la institucionalidad distrital que parecen debilitar el servicio público a cambio de fortalecerlo. Es un llamado a la reflexión sobre el camino que está tomando la administración y sobre las posibles consecuencias a largo plazo para todos los bogotanos. No podemos permitir que la estabilidad laboral, la experticia de la carrera administrativa y la protección de los datos ciudadanos sean sacrificados en aras de una «modernización» que favorece la contratación y la privatización.
Invitamos a todos los servidores públicos y a la ciudadanía en general a unirse a esta defensa. Es momento de actuar para garantizar que Bogotá tenga un servicio público de calidad, comprometido y con la capacidad de responder a las demandas de la megaciudad que somos.